Hoy viernes, el Consell de la Joventut de les Illes Balears (CJIB) ha hablado en el programa Al Dia de IB3 Ràdio sobre las nuevas medidas en materia de vivienda anunciadas por el Gobierno español.
Durante la intervención, se han comentado las principales novedades de este paquete de medidas, como la ayuda de hasta 30.000 € en programas de alquiler con opción a compra para jóvenes de hasta 35 años en viviendas protegidas —una cantidad que se descontaría del importe final en caso de decidir comprar— y las ayudas de hasta 10.800 € para la compra de una vivienda en zonas rurales de menos de 10.000 habitantes, siempre que la cantidad no supere el 20% del precio total. Sin embargo, se ha remarcado que estas iniciativas solo llegan a los jóvenes que ya tienen alguna posibilidad de acceder a una vivienda, pero no dan respuesta a la mayoría que se encuentran en situación de precariedad.
El CJIB también ha compartido datos del último Observatorio de Emancipación, que muestran que la mayoría de jóvenes deben quedarse más tiempo en casa de sus progenitores. Esta situación provoca la obligación de compartir piso, la imposibilidad de formar una familia y la frustración vital de no poder alcanzar los objetivos personales y profesionales, a pesar de haber hecho “lo que toca”: estudiar, formarse y trabajar.
Además, se ha señalado que actualmente se está viviendo la primera crisis de oferta en el mercado inmobiliario, con precios disparados y pocas alternativas asequibles. “El problema es que la vivienda se ha convertido en un negocio y eso no debería ser normal. Lo hemos normalizado, pero no se debería hacer negocio con un derecho universal”, ha remarcado Pau Emili Muñoz, presidente del CJIB.
En la mesa también ha participado Guillem Coll, representante de JEF (entidad miembro del CJIB), que ha compartido su visión sobre las dificultades que afronta la juventud para acceder a una vivienda digna.
Finalmente, desde el Consell se ha subrayado que el contexto actual no está preparado para que la gente joven pueda desarrollar su vida de manera normal, y se ha reclamado que las políticas públicas vayan más allá de ayudas puntuales y aborden de raíz la problemática estructural de la vivienda.
